La amnistía que pide Puigdemont libraría de la cárcel a un acusado de agredir a un policía con adoquines

La amnistía que exige Carles Puigdemont a Pedro Sánchez  afectaría a todos los procesos abiertos por el 1-0. En total, calculan los separatistas, beneficiaría a más de 4.000 personas, entre independentistas y activistas, encausados por su implicación en el procés o bien en las protestas que tuvieron lugar tras la sentencia del Tribunal Supremo. Además de los dirigentes condenados por sedición y malversación, en los últimos años se han sucedido diversos juicios por los altercados que incendiaron las calles durante aquellos días o por las protestas que colapsaron autovías y carreteras. En la lista de «represaliados» elaborada por los separatistas figura, por ejemplo, el joven acusado de atacar a policías nacionales durante una protesta contra la sentencia del procés para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel. Se trata de la pena más elevada solicitada hasta ahora por los altercados provocados por el independentismo.

El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia de Barcelona a finales de julio. Además de la petición de cárcel para el acusado Olekasendr S., la Fiscalía solicita también siete años y cuatro meses para Francesc C, y tres años para Eric B. Todos ellos están acusados por los graves disturbios que tuvieron lugar el 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona de Barcelona, en una de las protestas más tensas en la Ciudad Condal tras la sentencia del procés.

Petardos y adoquines

Según el escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, O.S. «movido con la evidente intención de menoscabar la integridad de los agentes actuantes, lanzó un artefacto de pirotécnica hacia los pies de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, estallando éste en los pies de los funcionarios y notando los policías una fuerte presión en las extremidades inferiores y aturdimiento, además de las importantes consecuencias en su sistema auditivo por el estallido del artefacto».

«Acto seguido, el acusado lanzó sendos adoquines que impactaron en la muñeca izquierda» de otros dos agentes. Tras estos hechos, fue identificado y fotografiado por la Policía.

Otro de los acusados, F.C., «parapetado tras una sombrilla de hostelería de grandes dimensiones de color negro junto con otras dos personas, lanzó una piedra de grandes dimensiones, de unos 7×7 cm de diámetro» a otro policía, «alcanzando a dicho inspector en la mano izquierda, siendo detenido minutos más tarde». Según el fiscal, «este acusado en todo momento alentaba al resto de manifestantes violentos para continuar con esa actitud, con frases como Venga hacia ellos».

Fruto de estas agresiones, los policías requirieron tratamiento médico durante meses. Uno de los agentes, por ejemplo, precisó de asistencia por el servicio de neurología y otorrinolaringología «con múltiples pruebas médicas y 227 días en curar dejando como secuelas pérdida auditiva media y acúfenos».

«Grave peligro»

«Todas estas acciones iban dirigidas a perturbar el orden social, poniendo en grave peligro la integridad física de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía actuantes y de los demás transeúntes así como un grave quebranto del mobiliario urbano y público. Para ello, los manifestantes violentos se parapetaban estratégicamente en las esquinas de los edificios y detrás de contenedores e incluso habían construido varias barricadas con señales de tráfico arrancadas del suelo, elementos del mobiliario urbano y contenedores, algunos de estos últimos a los que previamente habían prendido fuego con sustancias inflamables para favorecer el ataque a los agentes y evitar ser identificados», relata el fiscal.

Las defensas de los tres jóvenes alegan que no existen pruebas que los inculpen, más allá de la palabra de los agentes. En el caso concreto de O.S., el Ministerio Público le acusa de desórdenes y de atentado contra la autoridad. Su abogada defiende que no hay «referencia concreta» que permita identificar a su cliente como autor entre los «miles de lanzamientos» y cree que «no resulta creíble que ningún otro agente viese cómo tiraba un petardo tan fuerte».

Amnistía

Los jóvenes imputados en este caso figuran entre los 4.000 «represaliados» que se verían absueltos si prospera la amnistía que Junts reclama a Sánchez.

Hace unos días, Puigdemont ya mostró su desacuerdo con la entrada en prisión de Daniel Gallardo, condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad durante una protesta en Madrid contra la sentencia del 1-O, el 16 de octubre de 2019.

La sentencia consideró probado que este joven agredió a un policía mientras participaba en las protestas a favor de los presos del 1-O con un grupo de unas 80 personas que portaban palos y adoquines y que provocaron distintos desperfectos «alterando injustificadamente la paz social y el orden público»: Gallardo «le golpeó súbitamente por la espalda y de manera violenta con un palo de unos 90 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho atravesado por seis clavos». El agente recibió hasta dos golpes en la cabeza, que llevaba cubierta por el casco.

Propuesta

En una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados, Junts dejaba claros los términos de la amnistía, que afectaría a los distintos actos de «intencionalidad política».

Esto es: «Cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del Proceso Participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum».

La iniciativa, que no fue admitida por la Cámara, ya que los letrados advirtieron que era inconstitucional, exige dejar sin efecto condenas, procesos en curso e investigaciones, además del borrado total de la sanción o el delito, la incorporación de los inhabilitados a sus puestos de trabajo y la devolución de multas o fianzas.